Comunicado PST Internacionalista (15.04.2020): Adhesión al Manifiesto "Las personas no somos mercancías: En defensa del sistema público de salud y de unas residencias geriátricas dignas y públicas"

La Alianza de Mareas y Movimientos sociales llamamos a la ciudadanía a participar en la lucha contra la pandemia del Covid-19 y traducir el apoyo al trabajo del personal sanitario, de las residencias y atención domiciliaria, y hacer efectiva la defensa de la sanidad pública y los derechos sociales 

El Comité Ejecutivo del Partido Socialista del Trabajo (PST) Internacionalista, en fecha 15 de abril de 2020, decidió emitir el siguiente comunicado: 

Comunicado PST Internacionalista (15.04.2020): Adhesión al Manifiesto "Las personas no somos mercancías: En defensa del sistema público de salud y de unas residencias geriátricas dignas y públicas".  Como ya señalamos en nuestro Ideario, "el PST va a ser, muy especialmente, el partido de la mujer, de la juventud, de la inmigración, de los desempleados, de los pensionistas, de los discapacitados, de los más empobrecidos, de las minorías y, en definitiva, de todos aquellos que sufren las peores consecuencias de la extensión y generalización de la precariedad".

La pandemia del COVID-19, como todas las crisis que se producen en el seno del sistema capitalista, está golpeando especialmente a las clases más desfavorecidas de nuestra sociedad. La situación en las residencias de ancianos y la discriminación que sufren estos y los discapacitados para acceder a los medios insuficientes con los que se responde desde unos recortados servicios públicos de salud, nos hacen adherirnos, por encima de cualquier otra consideración, al Manifiesto que ha lanzado la Alianza de Mareas y Movimientos Sociales - Aliança de marees i moviments Socials que seguidamente reproducimos:

En defensa del sistema publico de salud y de unas residencias geriátricas dignas y públicas

La Pandemia del coronavirus y sus trágicas consecuencias que afectan a gran parte de la humanidad, han puesto en evidencia el carácter profundamente antisocial del sistema económico capitalista neoliberal, y su incapacidad para prever, impedir, o limitar los daños causados. Cuando la codicia, el beneficio privado, el enriquecimiento de una minoría se justifican como el motor del sistema económico, en detrimento del bien común, y de los valores de igualdad, fraternidad y solidaridad, el resultado es la construcción de un sistema injusto, ineficiente, cruel y de enorme violencia social como evidencian los efectos en curso y futuros de la pandemia.

En Cataluña, la estrategia de privatizar y recortar la sanidad pública de los gobiernos de CiU, especialmente bajo la presidencia de Artur Mas y el consejero de sanidad Boi Ruiz, junto a la incapacidad o/y nula voluntad de blindar lo público y revertir los recortes en la sanidad pública de los gobiernos posteriores (que en 2020 persisten en un proyecto presupuestario antisocial), explican en gran medida las carencias del sistema de salud pública para atender debidamente a las personas afectadas por la pandemia.

La falta de UCIS, de instrumental sanitario como respiradores, de protección –EPIS- del personal sanitario que trabaja arriesgando su salud y el de su entorno laboral y familiar, ha provocado que más de 5.100 trabajadoras/es de sanidad en Cataluña se han contagiado, algunas de las cuales han fallecido. Mientras, la mayoría de profesionales siguen sin poder realizar los tests diagnósticos y proceder en consecuencia. La incompetencia es de tales proporciones que no puede ser tolerable.

Para justificar su infame y perversa gestión, las élites del sistema han promovido una ideología que convierte a los seres humanos en mercancías, y por tanto en objetos desechables si no le aportan plusvalías. Recordemos las declaraciones del viceprimer ministro japonés Taro Aso “que no podía dormir tranquilo malgastando el dinero público en la atención sanitaria de los ancianos”, o la sugerencia del vicegobernador de Texas, Dan Patrick, de que “los ancianos de América tendrían que estar dispuestos a arriesgar su salud para hacer resurgir la economía en medio del brote de coronavirus”. O la inefable Cristine Lagard, expresidenta del FMI y ahora directora del B.C.E. cuando sostenía que la población “vivía demasiados años”. Trump y Boris Johnson defendieron inicialmente que había que mantener la actividad normal aunque ello significara el contagio y muerte de muchas personas, hasta que la presión social les hizo cambiar ante los graves efectos de la pandemia en sus respectivos países.

En Cataluña, la influencia de esa ideología reaccionaria de gerontofobia que nos recuerda el asesinato en masa de los ancianos en el Tercer Reich alemán, la hemos sufrido con las recomendaciones del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) adscrita al Departamento de salud de la Generalitat, que “limita los esfuerzos terapéuticos” en función de la edad, discriminando particularmente a los mayores de 80 años, a quienes negaba la intubación. La consejera de salud Alba Vergés no desautorizó dichas recomendaciones ni ha adoptado medidas contra sus autores.

Abandono y muerte en las residencias geriátricas. Los derechos de nuestros mayores son los derechos de todos en el futuro

La rápida extensión del contagio en las residencias geriátricas privadas y públicas, y elevado número de fallecimiento en Cataluña, que en cifras reales podría superar ya los 2.000, es consecuencia de la nefasta gestión del Gobierno de la Generalitat. El 23 de marzo la Coordinadora de Residencias dirigió un correo a los Departamentos de Salud y Asuntos Sociales i Familias, pidiendo EPIS para los trabajadores, tests y aislamiento fuera de las residencias para dar atención médica, pero no escucharon. Los efectos de la pandemia en las residencias se han visto agravados por una previa situación de dejadez, abandono, y en ocasiones maltrato, de lo cual era plenamente conocedora el gobierno de la Generalitat, por haber sido denunciado desde hace mucho tiempo y en varias ocasiones por diversas organizaciones sociales como Afectats BB Serveis, Coordinadora de Residencias 5+1, la Plataforma SAD y Dignidad dependencia. En julio de 2019 se aprobó en el Parlamento de Cataluña una propuesta de resolución que recogía, entre otras medidas, la modificación de la Cartera de Serveis de 2010, para mejorar las ratios de personal, disponer de servicio sanitario en el turno de noche, y suprimir los EAR (Equipos de Atención Residencial) a cargo de MUTUAM, para volver a la sanidad pública. El Grupo Mutuam, es una empresa privada de ex altos cargos de CiU que presta atención sanitaria en 431 residencias de Barcelona ciudad y comarcas, que con su ineficacia ha puesto de manifiesto la grave irresponsabilidad del Departamento de Salud al privatizar en 2009 la atención sanitaria en las residencias de mayores.

No se han implantado las medidas aprobadas en el Parlamento y en diversas ocasiones las organizaciones sociales antes citadas se han reunidos con los grupos políticos con representación parlamentaria y con los responsables de la Consejeria de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, sin que se hayan resueltos las carencias y deficiencias existentes en las residencias.

¿Qué hay detrás de esa escandalosa e injustificable actitud? Sin duda, una red de complicidades e intereses clientelares de responsables de la Consejería, empresas gestoras y residencias privadas. Es necesario abrir una investigación pública, para depurar responsabilidades. Llama la atención los silencios cómplices de ciertas organizaciones ante tamaño escándalo. Por otra parte, la decisión de trasladar el control de las residencias geriátricas a la Consejería de salud, vista su deplorable gestión y actitud ante las recomendaciones del SEM, causan lógica preocupación.

Defendamos solidariamente la salud, la vida y la dignidad de todas las personas

La Alianza de Mareas y Movimientos sociales llamamos a la ciudadanía a participar en la lucha contra la pandemia del Covid-19 y traducir el apoyo al trabajo del personal sanitario, de las residencias y atención domiciliaria, y hacer efectiva la defensa de la sanidad pública y los derechos sociales:

1º.- Concentrar los recursos en el apoyo a la acción de la sanidad pública, protegiendo al personal sanitario con el material obligatorio e indispensable (mascarillas adecuadas, trajes impermeables, etc.), y la realización general de tests diagnósticos sistemáticos para proceder y evitar la propagación del Covid-19 en los hospitales y entorno familiar..

2º.- En lo inmediato, intervención pública efectiva de todos los centros hospitalarios, clínicas, servicios, residencias geriátricas, ya sean privados y concertados y al amparo del artículo 128 vigente de la constitución. Creación de un único sistema de salud pública nacionalizando el sector privado en sanidad y residencias. cancelación del contrato con MUTUAM y otras externalizaciones. Reestablecer la atención sanitaria pública en todas las residencias de mayores.

3º.- En las residencias, realizar urgentemente la batería de tests a trabajadoras/es y personas ancianas, aislando a los residentes positivos en Centros o espacios medicalizados, en tanto no sea necesaria su hospitalización.

4º.- Recuperar el carácter público de la atención domiciliaria, asegurando una atención de calidad, y protegiendo debidamente tanto al personal que presta el servicio como las personas ancianas, con tests, mascarillas y control sanitario para evitar el mutuo contagio.

5ª.- Cesar al Consejero de Trabajo, Asuntos sociales y familias y a todo su equipo por la gravísima gestión en la supervisión de las residencias geriátricas. Abrir una investigación independiente sobre dicha gestión. Alentar a las familias a presentar las denuncias correspondientes por el trato y abandono a las personas ancianas en las residencias. En el caso de la consejera Alba Vergés y todo el aparato directivo de su departamento, deberemos promover una verdadera “causa general” que recoja y analice todas las graves insuficiencias de su pésima gestión.

6º.- Priorizar los recursos presupuestarios en el apoyo y suficiencia a la sanidad pública en la lucha contra la pandemia, en el pleno cumplimiento de la Renta Garantizada de Ciudadanía para atender el previsible aumento de la pobreza y exclusión social. Adoptar las medidas fiscales necesarias para reforzar los recursos en salud, protección social y educación.

7º.- No a la insistencia en unos presupuestos antisociales del Gobierno de la Generalitat para 2020, que ni siquiera revierten los recortes en salud y consolidan los errores del sistema actual, como han denunciado el “Sindicat de Metges de Catalunya” y numerosos movimientos sociales como la Marea Blanca. Por otros presupuestos que respondan a las necesidades sociales en Cataluña.

Llamamos a la clase trabajadora, a la ciudadanía, a preparar la movilización social que nos permita alcanzar estos objetivos, y avanzar en la superación del neoliberalismo a través de la defensa de lo público en sanidad, educación y protección social. Por la defensa de las pensiones públicas ante cualquier amenaza. Por el pleno empleo en condiciones dignas. Por el derecho al acceso a la vivienda, no a los desahucios y a los precios abusivos del alquiler. Por la remunicipalización del agua y nacionalización del sector energético para garantizar los suministros básicos a todas las personas y la condonación de la deuda a las familias vulnerables. Por la Plena implementación de la Renta Garantizada de Ciudadanía y la actualización del IRSC. Mantener Bankia nacionalizada como primer paso hacia la nacionalización de la banca privada. Por una banca pública, ética, bajo control democrático y social, al servicio del bien común. Por unos derechos sociales universales y dignos, siempre por encima del negocio y los mercados

Barcelona, 13 abril 2020

Alianza de Mareas y Movimientos Sociales - Aliança de marees i moviments Socials

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Lunes, 10 Agosto 2020
14:32:44

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